Lic. Ernesto Nemer Àlvarez, Subsecretario de Desarrollo Social del Gobierno de la República, es distinguido Socio Numerario de la Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México y pronunció un importante Discurso en la Legión de Honor Nacional de México.
De acuerdo con estimaciones del
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval,
de los 117 millones de mexicanos que vivimos en nuestro país, poco más de 53
millones se encuentran en algún tipo de pobreza es decir, que tienen una o más
carencias de: alimentación, educación, salud, ingreso, seguridad social, y
calidad y servicios básicos en la vivienda.
De éstos, alrededor de 27
millones carece de una alimentación básica.
Igualmente dramático es que más
de 11 millones y medio de personas vivan en pobreza extrema, es decir con
ingresos inferiores a la línea de bienestar económico que es de 2 mil 329 pesos
en el ámbito urbano y de mil 490 pesos en zonas rurales.
Si bien estos datos hablan por
sí mismos, diversos y complejos son los temas que ocupan la agenda de la
política social aunque, sin duda, como podemos observar, el combate a la
pobreza alimentaria es el primero de ellos y el más apremiante por atender.
Permítanme con esta reflexión
plantear brevemente algunas interrogantes.
¿Por qué si han sido crecientes
los recursos destinados al desarrollo social no disminuye la pobreza?
Como ustedes saben, el
presupuesto para desarrollo social se incrementa anualmente.
Sin embargo, en razón del
diseño institucional y la operación de la administración pública federal, había
sido una constante que la aplicación de dichos recursos se orientara con un
enfoque sectorial, lo que llevó por décadas a direccionar recursos de manera
que se generaban duplicidades o incluso no se dirigían los apoyos a los grupos
de población con mayores carencias, de igual forma la ejecución de acciones no
estaba vinculada entre las dependencias propiciando con ello, inconsistencias
en su ejercicio.
Además de esto, gran parte de
los recursos se destinaban a acciones asistenciales, reproduciendo la pobreza
entre generaciones.
Es decir, aunque se cuenta con
recursos, el efecto de su aplicación no ha sido positivo, en virtud de
asignarse a la ejecución de muchos programas y acciones, sin tomar en cuenta
una perspectiva integral, para el beneficio de una misma familia.
Por ello, el señor Presidente
de la República consideró importante implementar un nuevo diseño de la
administración pública que reconozca que la atención a estos complejos
fenómenos de desigualdad y pobreza no puede darse de manera aislada por una
sola Secretaría o dependencia, sino por el contrario, debe imperar una visión
integral y por tanto multisectorial.
La estrategia de la Cruzada
Nacional contra el Hambre pretende una solución estructural y permanente a la
carencia alimentaria, en la cual participan de manera articulada 19
dependencias federales y se suman más de 90 programas, así como los gobiernos
estatales y el Distrito Federal y, por supuesto, los gobiernos municipales.
Un segundo tema de esta agenda
es la desigualdad, las brechas en nuestro país son drásticamente opuestas y se
manifiestan de manera evidente a lo largo de las regiones, estados y
municipios.
En este punto, permítanme
detenerme para pedirles que pensemos por un momento sobre este ejemplo: las
condiciones de vida y el entorno comunitario de un niño de 10 años de edad de
San Felipe del Progreso, Estado de México, son completamente distintas a las de
un niño que vive en la colonia del Valle de esta ciudad.
Los dos niños son mexicanos,
pero con distintas posibilidades al no tener el mismo acceso a la alimentación,
a la educación, a la salud y a la información. Esto, como ustedes pueden
observar, limita -de manera inadmisible-, el desarrollo de las capacidades y el
ejercicio de los derechos de uno de ellos.
Aún cuando la constitución los
protege a ambos y les da la misma calidad jurídica, la realidad social se
sobrepone propiciando una brecha de desigualdad pero, sobre todo, violentando
sus derechos y garantías sociales elementales.
Por otra parte, merece especial
atención el revisar la dinámica demográfica de nuestro país, la cual presenta
un número creciente de población de adultos mayores.
La población mayor de 60 años
asciende a más de 10 millones y representa el 9% del total nacional.
En 2010, de un total de cerca
de 25 millones de hogares, se identificaron casi 7 millones con al menos un
adulto mayor.
Hoy, la tendencia internacional
es considerar en el rango de los mayores de edad a quienes tienen de 65 años en
adelante. En nuestro país, en 4.5 millones de hogares habitan adultos mayores
que no cuentan con ningún tipo de pensión ni jubilación, por lo que la carencia
de ingreso a esa edad limita, muy lamentablemente, el ejercicio de sus derechos
elementales como la alimentación y la salud.
Otro fenómeno cada vez más
creciente, es que en México 7 millones de mujeres son jefas de familia. Es bien
sabido que 1 de cada 4 hogares lo encabeza una mujer y por tanto la pregunta
obligada es:
¿Cuál es la responsabilidad que
tienen las mujeres para con ellas y con sus hijos?
Ser padre y madre al mismo
tiempo
Proveer la mayor parte del
ingreso o su totalidad
Ser amas de casa,
Cocineras,
Maestras,
Enfermeras, y
Proteger a su familia y, por
si eso fuera poco, son líderes de sus comunidades que gestionan permanentemente
mejoras para sus localidades.
¡Son, verdaderamente, la
columna vertebral de la familia y de la sociedad!
Frente a esta condición, ha
sido fundamental generar un nuevo modelo, un nuevo esquema de seguridad social
que brinde una base de protección y contribuya a garantizar el derecho de sus
hijos para que, en caso de faltar su mamá, puedan tener acceso a la educación
hasta el nivel universitario.
Estos esquemas de seguridad son
conocidos como de nueva generación, pues buscan garantizar los derechos sociales
de manera más efectiva.
Ahora bien, consideremos juntos
un par de temas más:
¿Para quién de nosotros no es
evidente el contraste social entre comunidades rurales y urbanas?
¿Quién no ha visto cómo se
expresa la pobreza en familias rurales?
Viven en casas endebles que
están expuestas a las filtraciones de la lluvia y del polvo, están construidas
con materiales débiles y pisos de tierra y falta de servicios, generando
enfermedades que causan la muerte,
Su atención médica es
precaria, y,
La preparación de sus hijos
en escuelas es deficiente
Por otro lado ¿quiénes no han
podido palpar el dramatismo de la pobreza urbana?
Se asientan en terrenos
irregulares
Sin servicios básicos
En unidades habitacionales en
donde viven familias con hacinamiento, y
Reproducen contextos de
violencia de género o intrafamiliar, fundamentalmente
¿Qué implican estos contrastes?
Que la política social debe de
ser diferenciada y tomar en cuenta el contexto sí geográfico, pero también
cultural, diseñando políticas públicas adecuadas a cada una de las distintas
realidades que presenta nuestro país.
Como lo sabemos, no ha bastado
con la implementación de políticas y programas sociales, la política social
permite compensar esas desigualdades aunque, hasta el momento, no ha logrado
revertir progresivamente estos fenómenos.
Esto obliga a transitar a un
nuevo modelo de política social, a uno de nueva generación.
¿Qué significa el término
“nueva generación”?
Superar el asistencialismo,
desarrollando la capacidad productiva de las personas y sus comunidades y que
permita entender que no hay mejor manera de combatir la pobreza que generando crecimiento,
empleo, autoempleo y una mejor distribución del ingreso.
Adicionalmente, las obras y
acciones de gobierno deben atenderse no sólo sectorialmente, sino
focalizadamente.
El esfuerzo de coordinación es
fundamental, constituyéndose la Comisión Intersecretarial que coordina la
señora Secretaria de Desarrollo Social para atender la pobreza extrema y
carencia alimentaria, así como el involucramiento de la sociedad civil, a
través del Comité
Técnico de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
Otro ejemplo relevante de este
nuevo direccionamiento de política pública, es el esfuerzo que ha implicado
transformar el programa de subsidios más grande e importante de nuestro país en
el que confluyen acciones de salud, educación e ingreso, incorporando el componente
que otorga una salida productiva.
Este tránsito del
asistencialismo a la institucionalización de una política social de desarrollo
de capacidades no sólo es tarea del Estado, sino que involucra los esfuerzos,
voluntades y recursos de los diversos actores de la sociedad mexicana.
Ustedes dirán ¿pero todo este
marco institucional de programas al ser responsabilidad del Estado, no debería
estar garantizada su implementación?
En efecto, la política social
está sustentada principalmente en los artículos 2º, 3º, 4º, 5º y 123
constitucionales que señalan que la no discriminación, la educación, la salud,
la alimentación, la vivienda, un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad
social, son derechos que garantiza a todos los mexicanos.
El reconocimiento de los
derechos sociales es uno de los objetivos de la política social del gobierno
federal y ha sido empeño de nuestro país, a lo largo de los años, tratar de
hacerlos efectivos; entonces, lo que requerimos es una nueva visión que va más
allá de reconocerlos.
Ante una realidad desigual que
todos conocemos, el esfuerzo del Estado debe ser mayúsculo para alcanzar la
justicia social. Esto exige articular una política social diferenciada que tome
en cuenta el perfil de las regiones, estados, municipios y grupos sociales.
Permítanme concluir con 2 afirmaciones:
Primero, nuestra nación merece
contar con las opciones que le permitan ser protagonista de su propio
desarrollo. La política social se transforma para dejar de ser asistencialista
y ofrecer alternativas generadoras de ingreso, y Segundo, el estado de derecho
y las garantías sociales deben materializarse, ser tangibles, efectivas y deben
darnos la certeza a los mexicanos, de que el bienestar social es una realidad.
Esas son las cuentas que nos exige la sociedad y que queremos entregar a México.
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