En la Ceremonia de Ingreso a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México.
El mundo actual está caracterizado por la influencia
de las tecnología de la información y de los procesos globalizadores, que nos
impone la adopción de nuevas maneras de pensar, nuevas formas en las relaciones
humanas que afectan las vida social, política y jurídica de todas las agrupaciones,
gobiernos y países.
Las ideas de constitución, democracia y justicia están
sufriendo una constante transformación, con base en diferentes parámetros y
referentes; además, el dinamismo del derecho, nos presenta nuevos paradigmas en
muchos aspectos de la vida cotidiana, que van desde la educación, la economía y
la política, hasta los principios y valores universales, entre otros.
Los países democráticos, han renovado su marco
jurídico, al transitar hacia un sistema de mayores libertades basado en el garantismo,
y al avanzar hacia un Estado de Derecho democratizado, en el que se ha logrado
una gran transformación de la justicia.
Con esta visión, se transita en el Estado de México, a
una administración de justicia elevada a la categoría de garantía constitucional
de los derechos humanos, mediante la cual se protegen y hacen efectivas los
derechos, las libertades y garantías de todas las personas.
LOS GRANDES CAMBIOS
Durante las últimas décadas, nuestra Carta Fundamental
ha sido objeto de grandes modificaciones que, más que a reformar, han venido a
refrescar y modernizar no sólo nuestro marco jurídico, sino toda nuestra
cultura jurídica.
En junio de 2008 se efectuó la reforma en materia de
seguridad y justicia, que fue el parteaguas que nos hizo transitar de un
sistema penal inquisitivo ya agotado, al sistema de justicia penal acusatorio y
oral, de corte garantista.
Apartar del año
2009, en el Estado de México, trabajamos en su implementación, la cual logró
realizarse en tan sólo dos años; de tal suerte que, para el año 2011, dicho
sistema quedó instaurado en todo el territorio mexiquense, lo que nos permitió
estar las tres primeras entidades federativas del país en implementarlo.
Otras dos reformas trascendentales se realizaron en
junio de 2011; una fue referente al juicio de amparo y la otra en materia de
derechos humanos.
La reforma constitucional en materia de derechos
humanos ha sido el punto de inflexión en la historia de nuestro Derecho, porque
lo incorpora al mundo globalizado, al formar parte México de la Convención
Americana de Derechos Humanos y de su Corte; hecho sin precedente que robustece
no sólo al derecho mexicano sino todos los mexicanos, pero particularmente al
juez mexicano, ya que lo convierte en parte de la Corte Interamericana de los
Derechos Humanos, como vigilante y defensor de los derechos fundamentales de
las personas.
Se realizaron reformas y adecuaciones para armonizar
nuestro marco jurídico; la oralidad también fue desarrollada de manera paulatina
en los juicios de las materias mercantil, penal y familiar.
Anteriormente, el Poder Judicial del Estado de México,
desarrollaba su actividad de impartir justicia centrada en tres puntos que
eran:
1. Función jurisdiccional;
2. Función académica a través de la Escuela Judicial y;
3. Función administrativa.
Con base en los pilares, estrategias y líneas de
acción establecidos en el Plan de Desarrollo del Estado de México, por primera
vez, el Poder Judicial elaboró su Plan Estratégico de Desarrollo Institucional
2010-2015, en el que se delinean desde la visión, la misión y los principios
axiológicos que caracterizan a este Poder; y se definen las cinco líneas
estratégicas en las que centra su trabajo y que son:
I. Impartir
justicia eficiente que otorgue seguridad jurídica y credibilidad en los
justiciables.
II. Fortalecer
la justicia alternativa.
III. Fortalecer
la carrera judicial.
IV. Desarrollar
y mantener la infraestructura al servicio de la función jurisdiccional.
V. Modernizar
la gestión administrativa al servicio de la función jurisdiccional.
Así las cosas, nos propusimos hacer efectiva la máxima
constitucional de que las resoluciones judiciales se emitan de forma pronta,
completa e imparcial, para permitir el verdadero acceso a la justicia y
construir un Estado de Derecho que aliente la convivencia social armónica y que
desarrolle mejores condiciones de vida.
Para lograrlo, como propuesta de ejecución, en el Plan
Estratégico de Desarrollo Institucional se establecieron cuatro grandes
objetivos que son:
1. Que la función jurisdiccional se oriente bajo los
principios de objetividad, impartición e independencia, con el fin de
fortalecer la vigencia y legitimidad de las instituciones públicas y consolidar
nuestro Estado de Derecho.
2. Contar con un Poder Judicial que garantice al
juzgador, libertad e independencia para juzgar, así como su actualización
permanente.
3. Que la función jurisdiccional de tenga como referente
la legalidad, la transparencia y autonomía en defensa de los derechos y
libertades del gobernado.
4. Mantener su aspiración de liderazgo y vanguardia a
nivel nacional, a través de la implementación y fortalecimiento de los sistemas
de juicios orales; ejecución y vigilancia de sanciones; optimización de los
procedimientos de la función jurisdiccional, así como la evaluación de su
desempeño.
A la fecha, el Poder Judicial está integrado por 55
Magistrados y 345 Jueces de Primera Instancia y de Menor Cuantía; todos los
cuales tienen la responsabilidad de resolver las controversias de los órdenes
civil, familiar, penal y de justicia para adolescentes.
Las reformas constitucionales y la armonización de
nuestro marco jurídico, con los tratados internacionales en materia de derechos
humanos, nos hicieron avanzar en la implantación de los juicios orales, así
como replantear nuestra relación con los justiciables y con la sociedad en
general, con el propósito de fortalecer la relación gobierno sociedad y renovar
la credibilidad y confianza en la actuación de la autoridad judicial, bajo los
principios de legalidad, transparencia, honestidad, igualdad, ética en el
servicio y justicia.
Para consolidar y fortalecer estas reformas, se tuvo
que llevar a cabo una transformación en la organización de los juzgados y
tribunales; se desechó la estructura tradicional y se estableció una nueva
forma de trabajo, caracterizada principalmente por la separación de la función
jurisdiccional de la administrativa; esto implica que ahora la principal
actividad de los jueces se encuentra en las salas de audiencia, al ser
vigilantes del desarrollo del proceso judicial, atento y dispuestos a escuchar
las manifestaciones de las partes.
Ahora el Fiscal expone ante el Juez el Control, las
condiciones de una detención para su calificación; la formulación de
imputación; la acusación; por otro lado, el imputado, su abogado defensor, la
víctima y cualquier ciudadano presente, pueden conocer lo afirmado por el
Ministerio Público, así como las declaraciones de los testigos y peritos; las
audiencias son públicas, lo que permite a la sociedad constituirse como
juzgadora de la audiencia del juez y, con ello, legitimar su cometido.
El juez ahora, única y exclusivamente, se encarga de
impartir justicia; ha dejado de ser el administrador del juzgado y para
apoyarlo en la función administrativa, se ha creado la figura del administrador
del juzgado.
La consolidación del Sistema de Justicia Penal
Acusatorio, Adversarial y Oral es una prioridad para el Consejo de la
Judicatura, ya que la práctica nos mostró la necesidad de contar con una
instancia de coordinación. El año pasado, por acuerdo de dicho Consejo, se creó
la Coordinación General de la Administración de los Juzgados del Sistema Penal
Acusatorio del Poder Judicial del Estado, dependiente de la Presidencia del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado; la
cual tiene, entre otras, responsabilidad de:
a) Detectar los requerimientos de capacitación del
personal jurisdiccional y administrativo, de infraestructura y de equipo
tecnológico de los órganos jurisdiccionales en materia penal.
b) Identificar la problemática general de los juzgados
penales, tratándose de cargas de trabajo, formas de organización, eficiencia y
eficacia de los procedimientos administrativos.
Parte complementaria y esencial del nuevo sistema de
justicia penal, son los mecanismos alternos de solución de controversias de la
justicia alternativa y restaurativa; ellos constituyen una salida aleatoria,
para que solamente los asuntos que más dañan a la sociedad, sean resueltos a
través de un juicio.
El Centro Estatal de Mediación, Conciliación y
Justicia Restaurativa del Estado Mexicano cuenta ya con 14 centros, a través de
los cuales se aplican los mecanismos alternos para la resolución de los
conflictos, dando atención a todo el territorio estatal.
En razón de lo anterior, los juzgados penales
únicamente deberán atender los casos en los que los mecanismos alternos no
hayan resultado efectivos; aun así, en los casos que lleguen a judicializarse,
deberán buscarse una salida anticipada, como pueden ser suspensión condicional
del procesos a prueba o el procedimiento abreviada, lo cual permitirá el ahorro
de recursos humanos, tecnológicos, financieros y materiales, a fin de poder
disponer de ellos para la atención de los delitos que lesionan de manera más
grave a la sociedad.
Otro de los efectos de estas reformas ha sido que el
juez, en su calidad de impartidor de justicia, se constituye en garante de los
derechos humanos. Por mandato constitucional, el juez mexicano ahora tiene la
responsabilidad de interpretar y aplicar, conforme a la Constitución, los
Tratados Internacionales en esta materia, favoreciendo en todo tiempo a la
persona y brindándoles la protección más amplia, conforme al principio pro
persona.
Tiene también la delicada responsabilidad de que las
cosas sometidas a su autoridad, deberá aplicar el control difuso de
constitucionalidad o de convencionalidad; y, en consecuencia, la inaplicación
de las leyes que sean contrarias a la Constitución y los tratados internacionales de la materia, en los que nuestro país sea parte. Esto, como
dije líneas arriba, lo convierte en parte de la Corte Interamericana de los
Derechos Humanos.
Ahora, el papel de los jueces ya no es de un simple
intérprete, sujeto a lo que la ley dispone, cualquiera que sea su significado;
sino el de sujeción la ley, a la Constitución y a los tratados internacionales
en materia de derechos humanos; al realizar una interpretación conforme de
estos ordenamientos, y sólo para el caso de no lograr una interpretación
conforme, inaplicar una disposición de carácter general.
En el Poder Judicial del estado de México, jueces y
magistrados han determinado la inaplicación de disposiciones jurídicas, lo que
muestra el interés para impulsar el respeto irrestricto a los derechos humanos
dentro de los procesos jurisdiccionales.
La Sala Constitucional en esta tarea, asume la
importante función de revisar, para el control judicial y la unificación en el
ejercicio del control difuso de constitucionalidad y convencionalidad que
realizan los jueces locales.
Otro paso adelante en la concreción y consolidación de
nuestros objetivos, ha sido la aprobación por parte del Consejo de la
Judicatura del Plan de Mejora de la Administración de Justicia, con el que se
busca alcanzar una mayor eficiencia y eficacia las actividades de los órganos
jurisdicciones.
Para ello, el Titular del Ejecutivo junto con el Peno
del Tribunal Superior de Justicia, formularon la iniciativa de reformas a la
Ley Orgánica del Poder Judicial y al Código de Procedimientos Civiles;
iniciativa que una vez agotado su trámite correspondiente ante la Legislatura
del Estado, fue aprobada y publicado el decreto en mayo de 2013. Para el mes de
junio de ese mismo año, las acciones contempladas en dicho Plan de Mejora se
empezaron a aplicar; destacando especialmente las siguientes:
a) La especialización de juzgados en materia mercantil;
creándose así 13 juzgados mercantiles de primera instancia en los Distritos
Judiciales de Toluca, Tlalnepantla y Naucalpan.
b) La creación de tres Centrales de Ejecutores y
Notificadores de los mismos Distritos.
c) La implementación de un Sistema Informático, que
permite dar seguimiento a la agenda de los ejecutores y notificadores, así como
su ubicación por medio de un sistema telefónico de geolocalización.
El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del
Estado de México también ha establecido lineamientos para la operación de
algunas acciones, como son:
a) La implementación de las notificaciones vía correo
electrónico, que está en proceso de ejecutarse en las demás materias.
b) Esta herramienta, está por ser utilizada en materia
penal, para Agentes del Ministerio Público y de los Defensores Públicos, con la
intención de agilizar las comunicaciones y las labores de los órganos
jurisdiccionales.
c) Se dio sustento legal al Expediente Electrónico; en su
primera fase se implementó en los juzgados mercantiles. Su Consulta facilita a
todos los abogados postulantes, a quienes les permite, vía internet, la
revisión de expedientes con la certeza de que existe congruencia con el
expediente físico.
d) La implementación del Sistema de Videovigilacia, que
permite la grabación de la atención que se brinda la ciudadanía en los juzgados
mercantiles y los Centrales de Ejecutores y Notificadores, entre otros. Además,
nos permite identificar el destino de expedientes extraviados y dar constancia
de lo sucedido en el juzgado.
e) Se dotó de equipos de videoconferencia, para el
desahogo de audiencia o diligencia fuera del órgano jurisdiccional, conforme a
lo dispuesto por la ley.
Así también, con el propósito de brindar una justicia
de mayor calidad y sobre todo pronta, el Consejo de la Judicatura del poder
Judicial del Estado de México, ha determinado la designación de jueces supernumerarios,
quienes se encargan de apoyar en el dictado de resoluciones en las materias
civil y mercantil de los Distritos Judiciales de Tenango del valle, Otumba,
Valle de Chalco de Ixtlahuaca.
Estas medidas han permitido que el Poder Judicial del
Estado de México haya avanzado en el ranking del Banco de México, que realiza
por medio del estudio Doing Busines, del lugar 24 en el año 2012 al lugar 12
actualmente; es un firme propósito del Consejo de la Judicatura, el
fortalecimiento del Poder Judicial, para llegar a ocupar uno de los primeros
lugares.
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA
Para poder disponer de instalaciones físicas, además de
necesarias y adecuadas, dignas sobre todo, para fortalecer la función
jurisdiccional y la atención de los mexiquenses, se proyectaron los requerimientos
para construir, modernizar y conservar los inmuebles del Poder Judicial.
Gracias al seguimiento de nuestro Plan Estratégico de
Desarrollo Institucional 2010-2015, hemos dado pasos importantes y muy firmes
en el fortalecimiento de nuestros órganos de impartición de justicia.
Paras dar cumplimiento a la entrada en vigor de los
juicios orales del nuevo sistema de justicia penal y de las materias civil,
familiar mercantil, se han realizado acciones de remodelación, adecuación y
equipamiento para la puesta en operación de las salas de audiencia.
Recientemente, restructuramos la jurisdicción
territorial de salas y juzgados; se inauguraron nuevos edificios como el que
alberga a los juzgados y a la Tercera Sala Colegiada Civil de Tlalnepantla como
sede en Ecatepec; el edificio en el que residen los juzgados del Distrito
Judicial de Chalco, con residencia en el Municipio de Amecameca, misma que
aloja dos juzgados civiles de primera instancia y juzgado de cuantía menor; el
edificio de Juzgados de Atlacomulco, el cual alberga los Juzgados en materia
Civil de Primera Instancia y Civil de Cuantía, así como el Centro de Mediación
y Justicia Restaurativa.
De gran relevancia es la constitución del Edificio
Sede Alterna del Poder Judicial. Se trata de una construcción moderna,
funcional y espaciosa, en la que se llevarán a cabo las funciones administrativas
de toda la institución, este inmueble nos permitirá elevar la productividad y
mejorar la transparencia, además de poder brindar una atención de mayor calidad
y con mejores servicios para los justiciables mexiquenses.
Otra obra de importancia es la remodelación del Archivo
General, edificio que resguarda la documentaicón tanto jurisdiccional como
administrativa y del Archivo Histórico de este Poder; es un inmueble que cuenta
con las condiciones óptimas que garantizan la conservación de la documentación
que se tienen en papel y en medios electrónicos; también se educaron las
instalaciones para estantería retráctil, acorde con estándares nacionales e
internacionales, lo cual nos permitirá organizar y conservar de la mejor
manera, todo nuestro acervo documental. Podemos decir este inmueble, es uno de
los primeros en su tipo en Latinoamérica.
También se llevó a cabo la restauración integral de
dos inmuebles ubicados en el complejo de la Escuela Judicial, con el fin de
contribuir al rescate del Patrimonio
Histórico de la Ciudad de Toluca y que ahora albergan el Centro de Investigaciones
Judiciales y la Casa del Juzgador mexiquense en Retiro.
RETOS Y DESAFÍOS DEL PODER
JUDICIAL
Para contribuir al fortalecimientos de la función
jurisdiccional, y seguir avanzando en la modernización y mejora continua del
Poder Judicial del Estado de México, con la mira de consolidarse como referente
nacional de eficiencia, transparencia, confianza y calidad en la impartición de
la justicia, se impulsa permanentemente el proceso de planeación estratégica
institucional, herramienta que nos ha permitido definir las prioridades y la
adecuada asignación de los recursos presupuestales, de cara a la consolidación
de una gestión de resultados.
Desde hace más de un año, se han logrado mejores e
importantes avances en la formación, capacitación y actualización de los
servidores judiciales, con el establecimiento del Modelo Curricular basada en
Competencia Profesionales, con un enfoque constructivista y visión andragógica.
Dicho enfoque tiene como prospectiva formar servidores
judiciales que dominen el conocimiento y su aplicación a través del: saber
hacer y saber ser; fomentar el trabajo en equipo, la adaptación en entornos laborales,
entre otros.
Para operar esta transformación se llevó a cabo la
capacitación de 80 docentes que se integraron en plantillas académicas
especializadas.
En congruencia con lo anterior, y fiel al seguimiento
de las cinco líneas establecidas en el Plan Estratégico de Desarrollo
Institucional 2010-2015 del Poder Judicial, se ha venido avanzando en su consolidación
como institución garante de la social. Así, se ha realizado un esfuerzo constante
y permanente para mantenerse a la vanguardia a nivel nacional en la
implementación, la capacitación y difusión del nuevo sistema de justicia penal,
de la reforma en materia de los derechos humanos, de los juicios orales en
otras materias, así como del fortalecimiento de uso de los mecanismos de la
justicia alternativa.
El juez, es el artífice que da sentido y contenido a
nuestras leyes, ya que mediante su función debe reflexionar, calificar y
evaluar las consecuencias particulares, sociales y políticas de su
determinación, que debe ser justa, honesta e imparcial, para responder así a
los interese tanto del justiciable como de la sociedad y del Estado.
Su función resulta hoy ser más profunda, vehemente y
delicada, ya que no sólo debe limitarse al “jus dicere”, es decir al simple “decir
el Derecho”; sino que debe crearlo y recrearlo, de manera apasionada,
imprimiéndole su sello particular en el que refleje sus convicciones y
razonamientos, tanto legales como doctrinarios y hasta filosóficos.
Corresponde al juez del siglo XXI incorporar las
normas del derecho internacional de los derechos humanos al derecho mexicano, particular
en la creación de la nueva jurisprudencia; crear a través de esa jurisprudencia
nuevos derechos, transformarlos y enriquecerlos para cumplir con el principio
de progresividad, así como perfeccionar y establecer nuevos mecanismos para su
protección.
Debemos contar con un enfoque global que incida a
considerar al derecho internacional, como instrumento idóneo para la
preservación y desarrollo del género humano, en un ambiente de progreso, de armonía
y de paz.
También necesitamos retomar los principios y valores
del Derecho, que nos impulsa a alcanzar los niveles más altos y sublimes de la
virtud, para que logremos impartir una mejor justicia, más humana a la gente.
Este proceso de cambio de paradigmático y de
transformación de nuestro marco jurídico no ha sido sencillo, ni está acabado;
ni tampoco ha sido comprendido por todo los interlocutores, ya que esto
conlleva no sólo un cambio en la ley, sino en la mentalidad de todos los mexicanos;
así como adoptar nuevas formas de pensar y enseñar el Derecho; y también en la
actuación de todos los actores jurídicos, servidores públicos encargados de la
procuración e impartición de justicia, estudiantes, escuelas y universidades,
maestros, estudiosos e investigadores del Derecho, abogados, el foro jurídico y
demás instituciones y actores jurídicos, sin olvidarnos de que también
involucra a todos los individuos.
Sin embargo, el reto más importante que tiene que enfrentar
el Poder Judicial del Estado de México, así como todos los Tribunales
Superiores de Justicia del país, es trabajar en el fortalecimiento de los
principios de independencia, imparcialidad, legalidad, debido proceso,
transparencia, accesibilidad, celeridad, certeza jurídica, derechos humanos,
equidad de género y previsibilidad legal, entre otros, que son determinados en
la impartición de la justicia y en la defensa de las libertades fundamentales.
Por último, y hablando de libertades, quiero hacer un paréntesis para referirme a un ilustre mexiquense; recordarle como un sencillo pero sentido tributo a un hombre ejemplar y referente para la juventud y niñez de México, defensor de los derechos humanos, quien destacó por su profundo compromiso con la justicia y del Estado de Derecho y, que además contribuyó al enriquecimiento de nuestra añeja tradición jurídica, caracterizada por la defensa de las garantías y los derechos fundamentales de los individuos, Les hablo de Don Isidro Fabela, a quien hace algunos días se le recordó en el cincuentenario de su fallecimiento. Sea pues nuestro reconocimiento para este ilustre mexiquense.
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